El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio vuelve a poner a la región frente al espejo. La política y la muerte violenta se mezclan en la historia de América Latina y el Caribe desde hace décadas y los magnicidios son solo la punta del iceberg de un mal que hiere profundamente en su historia a pueblos enteros.
AMERICA LATINA Y EL CARIBE12/08/2023
Agencia Alfayaracuy
El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio vuelve a poner a la región frente al espejo. La política y la muerte violenta se mezclan en la historia de América Latina y el Caribe desde hace décadas y los magnicidios son solo la punta del iceberg de un mal que hiere profundamente en su historia a pueblos enteros.
La historia política de América Latina y el Caribe está manchada de sangre. La violencia teñida de ideología ha marcado los caminos de la gran mayoría de los países de la región desde hace décadas. La punta del iceberg de este problema, que afecta a todas las capas de la población, son los magnicidios.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador es el enésimo ejemplo de esta dolorosa tradición, que encuentra ecos recientes en Haití y Colombia, entre otros países vecinos. La investigación avanza con la detención de un grupo de colombianos que serían los presuntos autores materiales del homicidio de Jovenel Moïse, pero los interrogantes pesan todavía sobre la responsabilidad intelectual del asesinato.
Desgraciadamente, la experiencia latinoamericana muestra también una larga historia de impunidad detrás de estos asesinatos, con una verdad escurridiza que no suele llegar a instancias del poder judicial.
En esta pieza recordamos los principales magnicidios en la región y el impacto en sus pueblos.
Villavicencio proponía una agenda sobre la seguridad y la lucha contra el narcotráfico basada en la militarización del país y en la mano dura contra el crimen organizado. En las últimas semanas había denunciado amenazas del Cartel de Sinaloa.
Su asesinato, que ha conmocionado al país y la región entera, llega después del homicidio de un candidato a la Asamblea, Rider Sánchez, y del alcalde de la ciudad portuaria de Manta, Agustín Itriago, ambos cometidos en el mes de julio, en una señal clara de que la violencia en auge en Ecuador llega con cada vez menos filtros a las clases políticas.
La muerte de Villavicencio nos remite irremediablemente al magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. En medio de una crisis de seguridad que tiene a Haití paralizado desde hace meses, sino años, con grupos armados expandiendo su control territorial, el político fue asesinado en su propia casa a manos de una banda de sicarios colombianos.
Según una investigación de ‘The New York Times’, el asesinato sucedió mientras Moïse preparaba una lista de políticos y empresarios involucrados en el narcotráfico para ponerlo a disposición de Estados Unidos. Dos años después, el proceso judicial está estancado: a pesar de la detención de los autores materiales del homicidio, sigue sin esclarecerse la motivación detrás del asesinato de Moïse ni la identidad de sus responsables.
Los paralelismos entre el caso de Haití y Ecuador son varios: para empezar, los vínculos con la corrupción y el narcotráfico, que dibuja un escenario en el que los grupos criminales parecen poner fin a las vidas que se interponen en su camino. En segundo lugar, las redes del crimen organizado cada vez más transnacionales, capaces de operar en cualquier lugar contratando mano de obra homicida.
Mano de obra sicaria colombiana, en ambos casos: “Lo que hay en Colombia es una industria del crimen que está fermentada desde hace mucho tiempo, desde la época de los carteles de la droga en los 80 y a esa industria del crimen ha llegado a mucha gente”, explica a EFE Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado de Colombia.
“En la medida en que el narcotráfico es un fenómeno trasnacional, esa mano de obra colombiana, que creció en la industria del crimen, ha sido útil y efectiva para la expansión del crimen organizado en otras regiones”, agrega.
La “industria del crimen colombiana”, donde se mezclan grupos de crimen organizado hasta representantes de la fuerza pública, guerrillas y organizaciones paramilitares, se ha cobrado la vida de un sinfín de personas vinculadas a la actividad política. De nuevo, los magnicidios son la cara visible y sonada de un conflicto armado de raíces profundas que ha dejado casi dos millones de víctimas de homicidio o desaparición forzada y que hoy en día sigue, bajo distintas dinámicas, impactando la cotidianidad de gran parte de la población colombiana.
Antes incluso de que el conflicto armado tomara la forma que se le conoció durante décadas, la violencia en Colombia cuajó en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, un político liberal que, aunque no era candidato oficial para la Presidencia del país, era uno de los más opcionados en las urnas. Su asesinato despertó una oleada de protestas conocida como el ‘Bogotazo’, siendo Gaitán una personalidad arropada por las clases populares del país por sus propuestas izquierdistas y de justicia social.
En octubre de 1987, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), partido que buscaba llevar a la arena política las propuestas revolucionarias de la extinta guerrilla de las FARC y de otras organizaciones de izquierda, caía muerto ante una lluvia de balas mientras regresaba a Bogotá con su familia. Denunció varias veces ante las cámaras que los grupos paramilitares lo iban a matar por su activismo, una amenaza que se cumplió para él y otros de sus compañeros.
La historia se repitió con el magnicidio en 1989 de Luis Carlos Galán, candidato por el Partido Liberal a las elecciones presidenciales de 1990, a manos de un gatillero contratado por los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha con el apoyo de uniformados retirados. El político se destacaba precisamente por una agenda social y una lucha clara contra el narcotráfico y los grupos armados.
Esas elecciones fueron un baño de sangre: asesinaron también a Bernardo Jaramillo Ossa y a Carlos Pizarro Leongómez. Ossa era el candidato de la UP.
Más de 5.700 integrantes de la UP fueron asesinados en una década, en un genocidio político sin precedentes que en Colombia es calificado de "exterminio".
Pizarro, por su parte, era la cara del acuerdo de paz y de la desmovilización de la guerrilla del M-19: su asesinato congeló las esperanzas de paz durante años de muchos grupos rebeldes.
Hoy en día, al menos 355 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016, según un informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia a fecha de enero de este año.
Con la excepción del asesinato en 1995 del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, un asesinato reivindicado 15 años después por las FARC, la gran mayoría de violencia a figuras públicas en Colombia se ha dirigido a lo largo de la historia hacia representantes de la izquierda, una maldición que se truncó en 2022 con la elección a la presidencia de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y primer político de izquierdas en alcanzar la Casa de Nariño.
Otro país con una historia marcada por la violencia es México. Su magnicidio más sonoro fue el del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Los motivos del asesinato son poco claros: se encarceló a Mario Aburto, quien confesó ser autor del crimen.
Sin embargo, en julio de 2022 la Fiscalía reabrió su caso después de haber recolectado evidencias de que la investigación podría haber sido irregular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había pedido que se repasara el caso, después de denunciar que Aburto había sido torturado por agentes de la fuerza pública para conseguir su confesión.
La violencia contra políticos en México no es algo del pasado. En las elecciones federales del país en 2021, se registraron 169 ataques violentos contra campañas, con 143 víctimas mortales entre militantes, activistas y trabajadores de las candidaturas. Entre ellas, 27 personas eran candidatas a posiciones de la política local.
Todo esto sin contar los más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000, una función básica para el debate político público.
Entre México y Colombia, Centroamérica también ha sido escenario de asesinatos a sus líderes políticos. En 1955 ocurrió el homicidio de José Antonio Remón Cantera, el primer militar en asumir la Presidencia de Panamá. Las investigaciones apuntaron a que se trató de un complot del vicepresidente José Ramón Guizado, aunque revisiones posteriores muestran que la trama completa se desconoce.
En la vecina Guatemala, dos años después, murió asesinado en la casa presidencial Carlos Castillo Armas, también militar, quien se había hecho con el poder a través de un movimiento armado tres años antes. Castillo, de talante conservador, dio marcha atrás a varias reformas progresistas del Gobierno anterior y devolvió, por ejemplo, tierras expropiadas a la United Fruit Company, una multinacional estadounidense. En su momento, se acusó a un militante comunista del homicidio.
Otra familia víctima de los balazos fue la de los Somoza en Nicaragua. Anastasio Somoza García fue dictador del país durante más de una década marcada por la represión política y el apoyo de las élites económicas. Somoza padre murió a raíz de un atentado perpetrado por un artista liberal y lo sucedió su hijo. Posteriormente, su otro hijo Anastasio Somoza Debayle fue elegido presidente en unas elecciones marcadas por la violencia contra sus opositores. Después de 12 años de Gobierno, la revolución sandinista forzó su renuncia y su exilio. En 1980, un grupo de militantes comunistas lo asesinaron en Asunción, Paraguay.
Aunque estos ejemplos dan cuenta de la violencia contra regímenes dictatoriales conservadores, no es la única que existe en la región: hoy en día, Centroamérica sigue siendo una de las regiones con más presencia del crimen organizado, una de las causas de la migración y desplazamiento de miles de personas.
Las sospechas de magnicidio planean también sobre otros países. El caso por antonomasia es la muerte de Salvador Allende, quien murió el 11 de septiembre de 1973 durante el ataque al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile que dio inicio al golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. La versión oficial es que Allende se suicidó para evitar rendirse, aunque otras voces denuncian que fue asesinado o que murió tratando de repeler el asalto.
Algo parecido sucedió en Brasil con la muerte de Juscelino Kubitschek de Oliveira, quien gobernó entre 1956 y 1961. Falleció en 1976 en un accidente automovilístico sobre el que todavía existe la duda de si fue, en realidad, un asesinato: en 2013, una Comisión de la Verdad de la ciudad de Sao Paulo determinó que su muerte fue un homicidio. Kubitschek se tuvo que exiliar tras el golpe de Estado de 1964 que inició una dictadura militar, y antes de su muerte acababa de ver restablecidos sus derechos políticos para poder volver a Brasil.
Más allá de si fueron asesinados o no, ambos casos recuerdan el dolor que hicieron las dictaduras militares en América Latina hace décadas. A la vez, el asesinato de Fernando Villavicencio evoca que la violencia no habita únicamente en el pasado, sino que sigue siendo una realidad que moldea a bala la historia presente de la región.
El exguerrillero que llegó a ser jefe del Ejército Popular Sandinista fue una figura temida y respetada en la Nicaragua de los ochenta. Caído en desgracia y enfrentado a la vicepresidenta Rosario Murillo, falleció a los 77 años por complicaciones cardíacas bajo el cautiverio de la pareja presidencial.
La líder opositora María Corina Machado desmintió que tenga planes de abandonar el país como adelantó el presidente Nicolás Maduro.
