Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años

Fue el autócrata que gobernó Perú con puño de hierro en los noventa, cumplió 16 años de cárcel de los 25 a los que fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y el pasado diciembre salió de prisión por un indulto humanitario. El expresidente Alberto Fujimori ha muerto este miércoles en Lima a los 86 años, según ha anunciado su hija Keiko Fujimori en la red social X. “Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, ha escrito la líder del partido Fuerza Popular. El político nikkei había vuelto a la primera línea en los últimos meses como influencer y youtuber. Su hija llegó a afirmar que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2026. Fujimori ha fallecido un 11 de septiembre, el mismo día en que, a su misma edad, hace tres años, murió Abimael Guzmán, líder de la organización guerrillera Sendero Luminoso.

El Ejecutivo de Dina Boluarte trasladó su pésame a través de las redes sociales. “La Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz”. Diversas fuentes periodísticas alertaron en las últimas horas de que su estado era crítico. La semana pasada fue captado por la prensa en silla de ruedas a la salida de una clínica local. Al ser consultado sobre su estado de salud solo atinó a decir que había ido a hacerse algunos chequeos sobre sus múltiples males. Antes de conocerse su muertes, un sacerdote fue visto saliendo de la casa de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular. También ingresaron algunos congresistas del partido Naranja y su médico de cabecera.

En directo, imágenes afuera de la residencia del exmandatario.Foto: Ernesto Arias (EFE) | Vídeo: Reuters
A lo largo de este año, Fujimori ha tenido un papel bastante activo en las redes sociales, donde produjo diversos videos para limpiar su imagen de diversos acontecimientos que lo incriminan. Además se afilió a la agrupación política liderada por su hija. En julio pasado fue precisamente Keiko quien aseguró que su padre sería la principal carta del fujimorismo para las elecciones generales del 2026. “Yo creo que es él quien debe llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”, dijo la política que perdió las últimas tres elecciones por un estrecho margen.

Las declaraciones abrieron un debate público, pues según la Constitución, todos aquellos condenados por haber cometido un delito doloso, sea en calidad de autores o cómplices, tienen prohibido aspirar a un cargo de elección popular. Y se ha indicado que el indulto no desaparece la condena. Lo cierto es que el mes pasado el Congreso aprobó una ley que favorece directamente al autócrata, pues libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma.

En un hecho que despertó el rechazo de un gran sector de la población, el Congreso también había aprobado una pensión vitalicia para Fujimori. Según la ley, los expresidentes constitucionales deben recibir una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero este beneficio queda suspendido en caso de contar con una acusación constitucional, a menos que el Poder Judicial declare su inocencia. Fujimori mantenía una deuda millonaria con el Estado peruano que asciende a 15 millones y medio de dólares. Según el Informe Global sobre la Corrupción 2004, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, el político, quien supo gozar del apoyo de un sector de las clases populares, se encuentra en el séptimo puesto entre los diez mandatarios más corruptos.

Fuente: El País