Venezuela: Doha-Caracas, el documento clave de Maduro para la negociación (y por qué no es posible)

La pista de una eventual negociación en Venezuela para solucionar la crisis postelectoral del 28 de julio está en un documento que hasta hace poco fue secreto. El memorando de Doha. Una carta de buenas intenciones que firmaron las administraciones de Joe Biden y Nicolás Maduro, en septiembre de 2023. Sin embargo, la preocupación inmediata de distintos actores es evitar que, en el interín, escale aún más la represión. 

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, insistió en retomar el diálogo bilateral con EE.UU, que tan buenos resultados le trajo. El 1 de agosto pasado publicó en su cuenta de la red social X una versión del memorando, de tres páginas. Efecto Cocuyo verificó que se corresponde con el documento finalmente suscrito por las partes. 

Maduro fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, mientras la oposición hizo públicas actas que ratificaron la percepción de fraude y llevaron a países aliados a Maduro, como son Brasil, Colombia y México, a no pronunciarse a favor del mandatario y, por el contrario, buscar un entendimiento entre las partes. 

Sin embargo, luego de una semana en la que el Trío de Amigos ( Lula, Petro y  Amlo) asumió públicamente un rol de intermediarios, sus cancilleres se reunieron y emitieron un boletín que está alineado con una petición general: 

“La presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación. Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”, precisan en el comunicado.

 
¿Qué se va a negociar? 

Los dos extremos en esta negociación, por ahora incompatible, son reconocerle a Maduro como presidente electo o iniciar una “transición ordenada”.  

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, declaró el miércoles 7 de agosto que no hay conversaciones entre ellos y el gobierno de Maduro. A su vez, no descartó la participación de otros intermediarios y reiteró que están abiertos a una negociación que respete la soberanía popular. 

Fuentes consultadas, conocedoras del estilo del gobierno de Maduro, describen su atrincheramiento como una apuesta para maximizar los resultados de una negociación; pero, advierten que mientras se llega a ese punto, la táctica será la represión y la intimidación para evitar acciones de calle, desmantelar la estructura organizativa de la oposición, demorar los tiempos para que se diluya la percepción de fraude e incidir en la comunidad internacional para inhibir un reconocimiento a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia.  

Jennifer McCoy, exdirectora del Centro Carter, sostiene que convencer a Maduro de que es hora de dejar el poder es algo retador. Sin embargo, aún ve posibilidades de ofrecer incentivos que reduzcan el costo de salida del gobierno y evite la agudización de la represión. 

Algunos de esos estímulos son: ofrecerle que levantarán las recompensas emitidas por el Departamento de Estado contra Maduro y parte de su cúpula, así como evaluar opciones sobre la investigación preliminar que ha hecho la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad. 

Por otra parte, en el  mundo democrático internacional ha ganado fuerza  la tesis del fraude, así lo confirman las fuentes de distintos gobiernos y representaciones diplomáticas en Caracas. 

En tal sentido, la idea de repetir elecciones –tanteada hace unos días– sería rechazada tanto por la oposición venezolana como por los actores internacionales.  Hay consenso en que las actas de los comicios en resguardo del Consejo Nacional Electoral deben ser publicadas y a la vez auditadas por expertos internacionales confiables. 

Es lo que ha ratificado el reciente comunicado de los cancilleres de Brasil, Colombia y México, el segundo que emiten.

¿Qué establece el memorando de Doha?

El pacto de Doha, llamado así porque se concretó en la capital de Qatar, contemplaba acciones en tres fases en un marco de “quid pro quo”. Dando y dando,  EE.UU  flexibilizaba el esquema de sanciones sectoriales contra la economía venezolana y el gobierno venezolano se comprometía a llevar a cabo las elecciones presidenciales en 2024 con garantías de integridad electoral, así como liberar a 25 presos políticos. Las partes también acordaron diseñar un plan de trabajo para “la liberación de personas privadas de libertad, de interés mutuo”. 

Lo convenido se cumplió parcialmente. El 17 de octubre de 2023  la Plataforma Unitaria Democrática y el gobierno de Maduro suscribieron los acuerdos de Barbados, que trazó la hoja de ruta para la elección presidencial. 

EE.UU otorgó una licencia general, con alcance parcial, renovable. La renuencia del gobierno de habilitar a todos los candidatos, entre ellos a María Corina Machado, limitó esa licencia hasta abril de 2024. Sin embargo, se otorgaron permisos a las empresas ENI, Repsol y Maurel & Prom para operar en Venezuela. También se produjo un intercambio de ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela  y el empresario Àlex Saab, procesado en el estado de La Florida fue devuelto a Caracas.

No obstante, que ambas partes se señalaron de incumplir sus respectivas obligaciones, se llegó a la tercera fase que establecía el memorando: la postelectoral. 

“Tras la celebración de elecciones presidenciales y la toma de posesión del Presidente debidamente electo, Estados Unidos desbloquea los activos del gobierno venezolano actualmente congelados en los Estados Unidos. Además, Estados Unidos levanta todas las sanciones/designaciones basadas en la emergencia nacional respecto a Venezuela y revoca todas las Órdenes Ejecutivas basadas en la emergencia nacional declarada por Estados Unidos respecto a Venezuela así como la Orden Ejecutiva que declara dicha emergencia, de conformidad con la legislación de Estados Unidos; y los Participantes normalizan las relaciones diplomáticas y consulares”. 

Diplomáticos consultados para esta nota aseguran que la inclusión de la palabra “debidamente”  no es gratuita ya que enmarca las condiciones de la elección. 

En Doha también se transó que las elecciones venezolanas serían observadas por el Centro Carter, la Unión Europea y un panel de expertos de la ONU. 

El gobierno venezolano no permitió la presencia de la Unión Europea; el Centro Carter declaró que las elecciones venezolanas no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral, mientras que la misión de la ONU debe presentar al secretario general, Antonio Guterres, un informe con sus datos. Los informes del panel no se hacen públicos.

Y ahora qué 

Una vez que Maduro publicó el memorando de Doha, el secretario de Estado, Anthony Blinken, emitió una declaración en la que insta a las partes a iniciar un diálogo para lograr una transición ordenada. Este punto ha sido ratificado en una reciente llamada que tuvo el funcionario estadounidense con el secretario general de la ONU.

“Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen discusiones sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano.  Apoyamos plenamente el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela y estamos dispuestos a considerar formas de reforzarlo junto con nuestros socios internacionales”, dijo Blinken el 1 de agosto. 

Esta posición no ha cambiado, según se nota en la declaración del portavoz Matthew Miller, quien informó sobre la llamada de Blinken al secretario general de la ONU: “El secretario y el secretario general expresaron su disposición a apoyar un proceso inclusivo, liderado por Venezuela, hacia el restablecimiento de las normas democráticas, en coordinación con nuestros socios internacionales”, declaró Miller. 

Los socios internacionales a los que alude EE.UU han sido hasta ahora, Qatar, que facilitó las conversaciones bilaterales entre La Casa Blanca y Miraflores; los gobiernos de México, Brasil y Colombia, sobre todo estos dos últimos que jugaron un papel de cooperación para que se celebraran las elecciones. 

El trío de países, con gobiernos de izquierda, tienen el  beneficio de la duda  de los sectores de la oposición venezolana, ya que gozan de un canal de comunicación directo con el gobierno de Maduro. 

Para la historiadora Margarita López Maya, los escenarios que deja abierto Maduro son los de violencia. “Lo que pareciera proceder ahora es incorporar también en las conversaciones a los fuertes aliados internacionales de alcance global de Maduro, como China”, razonó. 

En la comunidad internacional hay temores de que la violencia escale en Venezuela. En 11 días, según cifras verificadas por la organización Foro Penal, ha detenido arbitrariamente a 1.229 personas, entre ellos 105 adolescentes. A la mayoría se les imputa delitos de terrorismo, no se les ha permitido designar abogados. Maduro informó que serán enviados a cárceles de alta seguridad. 

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que rompió relaciones con Venezuela, propuso una cumbre de países americanos para mantener vigente el tema de Venezuela y abordar una crisis que tiene incidencias en la estabilidad de toda la región. El jueves declaró que lo hacía porque ve similitudes entre lo que ocurre en el país suramericano y lo que sucedió en el suyo en 1989. En mayo de aquel año hubo elecciones en el país centroamericano, el gobierno de entonces suspendió el conteo de los votos, que según las estimaciones de observadores, eran favorables al candidato de oposición. Ese fue el principio de un cambio.

Fuente: Efecto Cocuyo