Estado chileno pone en peligro a migrantes venezolanos

Amnistía Internacional denunció que “el Estado chileno pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección”, al tiempo que indicó que incumple sus obligaciones internacionales y la legislación nacional.

El informe “Nadie quiere vivir en clandestinidad: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile” incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas que relatan en primera persona sus experiencias en territorio chileno.

“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas, una cifra conservadora, sostiene la ONG, ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 venezolanos respectivamente. En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, recuerda Amnistía.

Y sigue: “Las cifras globales aumentan continuamente, así como los países de destino. Por ejemplo, Estados Unidos ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas según cifras oficiales de 2021″.

El informe hace hincapié en los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile, que ilustran las barreras que, por años, deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria.

“Estos obstáculos incluyen la imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se ‘autodenuncien’ por entrada irregular en el país”, sostuvo la organización.

“Estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional. También ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país, y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneración del debido proceso”, agregó.

Para Amnistía Internacional, la exigencia de autodenuncia por entrada irregular es sumamente alarmante: “Esta medida no solo es un obstáculo a la protección internacional, sino que, en la práctica, penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de entrada en el país que vulnera la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, de los cuales Chile es signatario. Además, las pone en riesgo de expulsión a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro, en vulneración del principio de no devolución”.

“El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a vías de regularización ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situación de absoluta desprotección. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas y niños, en lugar de buscar facilitar su expulsión y profundizar la estigmatización hacia ellas”, sostuvo Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile.

En vísperas del 8 de marzo, agregó: “A las puertas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un momento idóneo para dar a conocer las injusticias a las que se enfrentan las mujeres venezolanas en Chile y, al mismo tiempo, una oportunidad para exigir que el gobierno brinde respuestas a estas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país, incluido que garantice el acceso urgente a la protección internacional”.

La organización hizo un llamado urgente al gobierno chileno a que garantice el acceso efectivo y sin discriminación de todas las personas con necesidad de protección al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado; a que respete el principio de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazos en frontera; y a que elimine el requisito de autodenuncia para cumplir con los estándares internacionales de no criminalización de la entrada irregular.

La investigación de Amnistía Internacional se realizó entre noviembre de 2022 y enero de 2023 e incluyó trabajo de campo en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago. Además de los testimonios de las 12 mujeres venezolanas, se entrevistó a 23 representantes de organizaciones de sociedad civil, cuatro organizaciones internacionales, y nueve entidades gubernamentales. También se realizaron tres solicitudes de acceso a la información. Amnistía Internacional además se sirvió de sus investigaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú para constatar las condiciones de salida y tránsito de personas venezolanas refugiadas en la región, acotó la ONG.

Y concluyó: “Como en investigaciones previas, Amnistía Internacional se refiere a personas refugiadas venezolanas en tanto el Estado chileno ha suscrito los instrumentos de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, en concreto la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, incorporada a la legislación chilena a través de la Ley No. 20.430 sobre protección de personas refugiadas. En base a estas normas legales, el Estado chileno está obligado a proteger a las personas venezolanas que han huido de su país”. #8Mar 

 Vía: Infobae