El chavismo hace un giro y deja abierta una ventana para defender el Esequibo en la CIJ

Esos cambios al borrador legal, por aprobarse en su versión definitiva, despejarían el camino para la defensa del Esequibo en tribunales internacionales.

El proyecto de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba se debate actualmente en segunda discusión en la Asamblea Nacional, un poder en el que el chavismo controla más de las dos terceras partes de los votos.

El gobierno de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela se oponen a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para fallar sobre su histórica controversia territorial por el Esequibo con Guyana, su vecino oriental.

Guyana actuó en 2018 ante esa corte, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, para que valide un laudo arbitral de 1899 que le dio potestad sobre el Esequibo, mientras Venezuela argumenta que ese tribunal no tiene competencia en el caso.

El chavismo impulsó y ganó holgadamente en diciembre un referendo consultivo que validó sus posturas sobre el diferendo territorial, entre ellas el desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el tema.

Días después, los presidentes Maduro e Irfaan Ali, de Guyana, acordaron reducir las tensiones sobre el tema en un encuentro en San Vicente y las Granadinas, donde participaron delegados de gobiernos de la región, como Colombia y Brasil.

Cada parte reivindicó sus opiniones sobre la controversia, no obstante.

En ese contexto, la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada Nacional dijo haber notado que uno de los cambios hechos a la ley sobre el Esequibo y aprobados por el voto chavista incorpora el deber del Estado venezolano de defender los intereses republicanos ante esa corte.

Se observan modificaciones al contenido y alcance de la norma, que son positivas, concluyó un comunicado de la ONG venezolana.

Un nuevo numeral del artículo 2 propone establecer normas básicas para contribuir con las actividades de defensa judicial y extrajudicial de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, como la llaman los venezolanos desde hace siglos.

Otro párrafo de la ley incorpora un nuevo párrafo sobre se habla del deber del Estado venezolano de usar los medios procesales disponibles para rechazar las pretensiones de cualquier tribunal o corte, incluyendo tribunales arbitrales y la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción sobre la integridad territorial.

Esas previsiones incorporadas a los artículos 2 y 6 del borrador de ley que avanza en el parlamento venezolano son necesarias, dijo a la Voz de América la presidenta de Control Ciudadano y abogada, Rocío San Miguel.

Obligan a defender el caso ante la Corte Internacional de Justicia sin titubeos, al permitir expresamente actividades de ‘defensa judicial’ para el Estado, y rechazar ante esta instancia internacional, argumentadamente y con pruebas, las pretensiones de Guyana de hacer valer el Laudo Arbitral de 1899, que Venezuela considera nula, apuntó.

San Miguel valoró esos cambios como positivos y catalogó como interesante la nueva redacción de la norma, pues, a su entender, se abre certeramente el deber del Estado de defender los intereses de la República en la CIJ.

Aunque sea difícil prever qué pasará con el resto de los artículos, creemos que debe mirarse con cuidado su redacción en todos los órdenes por las consecuencias para el país de su contenido, indicó la especialista a la VOA.

De lo escrito a la práctica

Luis Peche Arteaga, experto en asuntos internacionales, consideró que las modificaciones son una buena noticia para Venezuela, aunque resta ver su aplicación práctica.

Se preguntó si serían compatibles la respuesta popular en el referendo al desconocimiento de la CIJ sobre el Esequibo con la ley en su versión final.

En teoría, según lo escrito, esto implicaría que Venezuela va a volver a la corte, lo cual es una buena noticia, porque tenemos razonamientos jurídicos para defender nuestro caso. Todo está por verse, comentó Peche Arteaga a la VOA.

Lauren Caballero, también licenciado universitario en Venezuela para políticas y análisis sobre asuntos internacionales, dijo a la VOA que tiene otra lectura, pues, a su juicio, el espíritu de la ley sigue ratificando la postura del gobierno venezolano.

La referencia a los mecanismos judiciales en la ley serían para dejar clara la posición de no reconocimiento de ninguna instancia judicial para dirimir la controversia y que el Acuerdo de Ginebra (de 1966) es el instrumento ideal para zanjar el asunto, estimó.

La Corte Internacional de Justicia fijó para el 8 de abril la audiencia para que Venezuela presente su contramemoria sobre el caso del Esequibo, un escrito extenso que debe detallar los alegatos y las pruebas documentales de su reclamo.

Hasta el momento, el chavismo parece negado a acudir.

Las tensiones entre Caracas y Georgetown volvieron a elevarse en días recientes por la llegada y posterior retirada de un buque de guerra inglés a aguas guyanesas, lo que provocó la movilización de navíos venezolanos a las fronteras con su vecino.

Además, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó la visita a Guyana del subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, calificándola como parte de la «saña» contra su país.

Guyana negó un plan para instalar una base militar de Estados Unidos en su territorio. Maduro, por su lado, ha llamado al gobierno a Ali a que «no se equivoque» con Venezuela y ha reivindicado su capacidad de defensa del Esequibo.

Voz de América