AQUÍ, AHORA... La perspectiva electoral venezolana (1/3)

La elección presidencial en Venezuela, programada impositivamente para el 28 de julio próximo por el Gobierno/PSUV a través del controlado y manipulado Consejo Nacional Electoral (CEN), será un proceso anormal e un país anormal, con "partidos políticos" anormales y candidatos presidenciales fuera de lo normal. 

Todo se ha fraguado durante años, en medio del apartheid político-electoral diseñado y aplicado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y sus testaferros, con inmenso abuso de poder desplegado a través del Poder Judicial desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sus salas Constitucional, Electoral y Político-Administrativa, cuyos magistrados y magistradas pasarán a la historia como exponentes de la venalidad, el oprobio y la cobardía en la administración de justicia.

Para muestra, unos "partidos"

El anormal escenario político-partidista actual está reflejado, primero, en la composición del "Gran Polo Patriótico Simón Bolívar", que apoya al presidente Nicolás Maduro en su aspiración reeleccionista para gobernar hasta 2031. 

De los 12 "partidos" que lo integran junto al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), seis están "judicializados" (término que utilizamos entre los venezolanos para referir la intervención manida de los magistrados y magistradas del TSJ a favor del PSUV, de manera abyecta):

•  Partido Comunista de Venezuela (PCV)
•  Patria Para Todos (PPT)
•  Unidad Popular Venezolana (UPV)
•  Por la Democracia Social (PODEMOS)
•  Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) 
•  Organización Renovadora Auténtica
• TUPAMARO 

Y los otros 5 son mamparas fabricadas por el PSUV con recursos del Estado venezolano sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la legislación vigente. Le ordenan al CNE, y sus rectores los "legalizan":

• Movimiento Somos Venezuela 
• Alianza para el Cambio
• Enamórate de Venezuela 
• Partido Verde de Venezuela 
• Movimiento Futuro 

 

 

Todos esos parapetos electoreros (los "judicializados" y los "fabricados") son financiados y controlados por el PSUV y sus testaferros, y cuentan con la disposición delictiva de recursos nacionales, regionales y municipales del Estado. 

No aparece en esa nómina politiquera la Milicia Nacional Bolivariana (componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB), manejada burdamente como una organización política sectaria del Gobierno. Tampoco, las formaciones parapoliciales mal llamadas "colectivos", también financiados, armados y controlados por el PSUV y el Palacio de Miraflores, con el agravante de que en su mayoría se han transformado en mafias dedicadas a la extorsión de comerciantes y trabajadores de la economía informal, conjuntamente con oficiales y agentes corrompidos de la Policía Nacional Bolivariana. 

Esta pudrición es solo parte -muy importante, por cierto- de la degradación moral de un sistema político descompuesto, empobrecedor, muy delictivo y agotado, como pocos en América Latina y el Caribe.

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