Prestigio y referencia

Carlos Roque: El “Lawfare” Avanza en América Latina

El juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani solicitaron 12 años de cárcel y su inhabilitación política indefinida a la vicepresidenta y ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner por actos de corrupción.

ÁNALISIS Y OPINIÓN 15/09/2022 Carlos Roque

El acto como era previsible, provocó una protesta significativa mediante el rechazo a través de acciones de calle de los grupos peronistas afectos a la funcionaria. Una decisión que para importantes analistas se inscribe en lo llamado “Lawfare” o guerra jurídica partidista que hace referencia a procesos legales como armas políticas. La palabra combina los términos Law (ley, derecho) y Warfare (guerra, conflicto) y consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrario a la separación y la independencia de poderes y de las previsiones especificas del Estado de Derecho. Como se conoce, en definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial. Entre las tácticas más habituales del “lawfare” están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos.


DILMA Y LULA


En 2016, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue condenada en un impeachment o juicio político por manipular los presupuestos del Estado; y un año después, la expresidenta y entonces senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner vió la apertura de múltiples causas judiciales en su contra, la mayoría por corrupción, en un proceso legal que todavía continúa. El caso más sonado de “guerra jurídica” es de el expresidente de Brasil Lula da Silva, quien en 2018 fue acusado y condenado presuntamente por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras estaba en el poder; sin embargo, la Corte Suprema de Brasil anuló posteriormente las sentencias en 2021 por considerar que tanto la fiscalía como el juez no habían actuado de manera imparcial, de esta manera, regreso a la política, y ahora, de hecho, las encuestas de intención de votos para la consulta del próximo mes de octubre le dan como ganador frente al actual presidente Jair Bolsonaro.

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Mediante el mismo mecanismo, se han activado acciones ahora por la vía del poder legislativo y que han conducido a destituciones de mandatarios peruanos en buena medida víctimas del “Lawfare”, lo cual tuvo inicio con el mandato de Alberto Fujimori durante 10 años, posteriormente los casos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García (ex presidentes en dos oportunidades y quien se quitó la vida ante las acusaciones de este tipo en 2020), seguido por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino. El actual mandatario Pedro Castillo ha sido objeto de graves cuestionamientos a lo largo de año y medio de su gobierno en el seno del Congreso Nacional en procura de la llamada “Vacancia Moral” que ha determinado la destitución de los gobernantes anteriores sin que las acusaciones hayan concluido con sus salidas del poder. No obstante, ahora a través de la Fiscalía Nacional se acusa a su esposa Lilia Paredes y otros familiares de operaciones ilícitas y que podían conducir también a su destitución mediante el mecanismo de “Lawfare”.


Una vez abandonado el poder e incluso, dejando como Presidente a su candidato presidencial Lenín Moreno en el 2017, el expresidente Rafael Correa fue acusado de actos de corrupción que implicaron su inhabilitación y su destierro aunque aun no exista una decisión judicial concluyente, pero ello facilitó que su partido Revolución Ciudadana mantuvieran la mayoría electoral del país en las últimas elecciones presidenciales, no obstante, ser objeto de nuevas sanciones que lo mantienen en el exilio.


Se conoce la situación planteada en Bolivia en el año 2019, que condujo a un Golpe de Estado que destituyo al Presidente Evo Morales abriendo un paréntesis de un año de gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez Chávez, (ahora en prisión bajo graves acusaciones penales) y en el 2020 la victoria del actual mandatario Luis Arce, quien precisamente en los últimos días, también es acusado de acciones dolosas en el manejo del Estado, en lo que se ha considerado una suerte de revancha frente a los actos de corrupción de la llamada transición de la senadora Áñez, ahora en prisión.


La aplicación de la “guerra jurídica” ya conocida como “Lawfare” supone en la práctica la sustitución de los viejos golpes militares cuando los ejércitos amaestrados en las prácticas dictatoriales enfrentaban y derrotaban a los gobiernos producto de la voluntad popular. Se trataba entonces del viejo dilema democracia vs dictadura. En los últimos años, la vía militarista parece cancelada y es sustituida por los mismos actos golpistas para sustituir gobernantes y establecer dictaduras con rostro legal mediante el uso indebido y tramposo de los propios contenidos de las constituciones democráticas.

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Para muchos analistas, un antecedente significativo de “Lawfare” fue lo ocurrido en 1993 con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez quien fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia por un acto de corrupción que posteriormente la propia instancia admitió que no se trataba del contenido de la sentencia sino de lo que administrativamente en el manejo de los gobiernos se considera un traspaso de partida rutinario, sin que ello suponga acción delictiva alguna. En la actual confrontación política latinoamericana, con la emergencia de gobiernos llamados progresistas y las consecuencias inevitables de la confrontación mundial generada por la guerra Rusia-Ucrania, OTAN y la amenaza Estados Unidos-China, es predecible que las viejas intervenciones colonialistas e imperialistas cedan paso a los Golpes de Estado Blandos con el uso de la ya conocida “Lawfare”. Sería el regreso de las viejas tiranías con disfraz constitucional.


Fuente: En El Tapete

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