En términos prácticos, la veeduría significa ver y callar, no compartir opinión públicamente. En cambio, el observador sí emite un informe al final del proceso electoral en el que señala si se ajusta a la normativa y si los resultados son confiables, incluso pueden recibir denuncias de organizaciones políticas y electores y tomarlas en cuenta para sus conclusiones.
Presidenciales 2024 08/06/2024 Deisy Martínez - Eefecto Cocuyo
Catorce días le tomó al Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciar el retiro de la invitación a la Unión Europea (UE) para hacer observación electoral a las elecciones presidenciales del 28 de julio, tal como lo solicitó la Asamblea Nacional (AN) de 2020, presidida por Jorge Rodríguez.
Expertos consultados por Efecto Cocuyo ven difícil que el poder político en Venezuela, a través del CNE, rectifique la medida, aunque no es imposible por alguna influencia de las negociaciones.
Pero recalcan que excluir a los observadores del bloque europeo arroja dudas sobre la transparencia del proceso comicial y en caso de que el resto de las delegaciones internacionales no emitan informes o no asistan, no permitirá avalar un resultado electoral en caso de denuncias de irregularidades.
También destacan que existen diferencias en la forma en que trabajarían en las presidenciales, la misión de la UE y otros organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas (ONU), así como los invitados por el gobierno nacional. Además mencionan que la figura del acompañamiento o la veeduría electoral que traducen a: “mirones que no pueden opinar”, que quiere imponer el CNE no se corresponde con el papel de una observación propiamente dicha.
Hasta el 27 de mayo, desde la UE se apostaba al envío de una misión técnica de aproximadamente 100 personas a Venezuela para hacerle seguimiento a las elecciones, antes, durante y posterior a la votación, tal como ocurrió con las elecciones regionales de 2021 en las que se desplegaron 127 observadores en todos los estados.
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, había afirmado que existían las condiciones para ello al tiempo que pedía “acceso al 100% de las mesas electorales”, independencia total, libre circulación por el país y relación directa y sin trabas con la prensa.
Una misión exploratoria ya se había reunido con el CNE los días 9 y 16 de abril para evaluar las condiciones de la observación electoral sin que luego se concretara la firma de un convenio.
Vale recordar que la Misión Electoral de la UE de 2021 fue expulsada tras presentar un primer informe de los comicios regionales de noviembre de ese año, en el que registraron inhabilitaciones de candidatos contrarios al gobierno, uso de recursos públicos en la campaña, acceso desigual a los medios de comunicación, entre otras irregularidades.
Ello motivó a que un segundo informe, el definitivo sobre los comicios, se presentara fuera del país.
“La delegación de la UE viene con mucho tiempo de anticipación, es numerosa, observan no sólo el día de la elección y los resultados sino que miran las condiciones en las que se da el proceso, porque la transparencia del voto tiene que ver mucho con cómo fue el proceso para montar las elecciones. Es poco probable que vengan por las declaraciones poco diplomáticas del presidente del CNE pero no lo descartamos”, expresó el directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos.
La UE es parte de la observación electoral internacional acordada en Barbados en 2023, junto al Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU con los que el CNE aun no firma un memorando de entendimiento para la observación del proceso electoral, pese a haberse reunido con sus representantes en el mes de abril.
Cabe añadir que Jorge Rodríguez reveló que, producto de las negociaciones con la oposición, la UE había bajado de seis a cuatro meses el tiempo establecido en sus protocolos para atender la invitación a las presidenciales venezolanas para hacer posible la observación, lo que denota que sí había mucho interés en participar.
“Es lamentable que se excluya a la UE porque como cualquier organismo internacional de observación, debe ser bienvenido al país, se está mezclando la parte política con la institucional, el CNE está para hacer elecciones no para ser complaciente con la Asamblea Nacional que le hizo la petición de revocar la invitación. Lo político no puede prelar sobre las condiciones para un proceso electoral, las sanciones son un pretexto porque el Centro Carter viene de Estados Unidos país que también mantiene sanciones”, apuntó el exconsultor jurídico del ente comicial, Celiz Mendoza.
En las declaraciones del 28 de mayo, el presidente del CNE, Elvis Amoroso ratificó las invitaciones a organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Panel de Expertos de las Naciones Unidas, Unión Africana, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR), entre otros.
Ávalos resaltó que la visita del Centro Carter estaba condicionada a la de la UE porque se apoya en ella. Después de que sus representantes se reunieran con el CNE el 16 de abril, no se ha tenido otra información.
El grupo que sostuvo un encuentro con el directorio encabezado por Amoroso, estuvo conformado por la asesora principal de América Latina y el Caribe, Jennie Lincoln; la asociada del programa de Democracia y del vicepresidente: América Latina y el Caribe, Elena Fernández y el experto electoral del Centro Carter, Salvador Romero.
“El Centro Carter venía hasta ahora en una misión más pequeña y no en calidad de observadores sino de veedores. Viene con menos tiempo de antelación y mira sobre todo los hechos cercanos al día de la votación y el propio día. Es importante porque es neutral en el sentido de que viene de afuera, tiene mayor repercusión internacional que otros invitados a los fines de que este proceso se vea como que fue transparente, justo, en el que se respetó el derecho al voto”, explicó.
La representación de la ONU se reunió con el CNE para evaluar la participación de este organismo en las elecciones presidenciales, el pasado 23 de abril. El grupo estuvo conformado por el jefe de la delegación, Jorge Alberto Grayeb Munayer; la Oficial de Asuntos Políticos de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Fiorella Triscritti Benitez; el Experto Regional para América Latina en temas electorales del Programa de Naciones Unidas (PNUD), Juan Luis Martinez-Betanzos; el Coordinador Residente y Coordinador Humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro.
Asimismo, la Representante Residente a.i del PNUD en Venezuela, Magdy Martínez Solimán; el Asesor Especial para ONU de la Oficina del Coordinador Residente en Venezuela, Antonio Aranibar; el Oficial de Análisis de la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Armando Díaz; el Representante de ONU Mujeres en El Salvador y asesora de género en la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de la ONU en Venezuela, Miriam Bandes.
Este 30 de mayo, desde la ONU se indicó que aún evalúan la invitación del CNE para desplegar un panel de expertos en las presidenciales. El portavoz del secretario de la ONU António Guterres, Stéphane Dujarric, aclaró que los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones que evalúen la conducta general de los procesos electorales o sus resultados, sólo informan al secretario general y se comunican con las autoridades electorales y otras partes interesadas.
Es diferente a una misión electoral y para que esta se active se requiere de un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU.
“Informan al secretario general y se comunican con las autoridades electorales y otras partes interesadas”, precisó Dujarric.
“El panel de expertos no publica los comunicados sobre el desarrollo de los procesos electorales ni sus resultados, por lo que también es distinto a la tarea que cumpliría la Unión Europea”, acotó.
En la reforma del Título XIV del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, publicada en Gaceta Oficial en octubre de 2020, se establece la Veeduría Nacional e Internacional. El CNE puede aprobar un plan de veeduría nacional e internacional para cada proceso electoral en Venezuela (artículo 473).
Entre las prohibiciones que establece el artículo 484 está la de emitir opiniones o declaraciones sobre los asuntos internos de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral y se haya proclamado al o los candidatos.
Tampoco pueden intentar persuadir al electorado ni hacer pronunciamientos públicos durante la elección. Los observadores tampoco pueden divulgar a medios de comunicación sus conclusiones sobre el proceso electoral antes que la vocería del organismo invitado. El incumplimiento de la normativa acarrea revocatoria de la credencial.
“En términos prácticos, la veeduría significa ver y callar, no compartir opinión públicamente. En cambio, el observador sí emite un informe al final del proceso electoral en el que señala si se ajusta a la normativa y si los resultados son confiables, incluso pueden recibir denuncias de organizaciones políticas y electores y tomarlas en cuenta para sus conclusiones. La figura de la observación se ha tergiversado en Venezuela y no hay manera de que se corrija, pero se pudo hacer en 2021 producto de un acuerdo político”, criticó Mendoza.
Hasta ahora el CNE sólo ha firmado convenios con el Ceela y el Opeir, invitados por el gobierno nacional para hacer veeduría internacional de las presidenciales. Una de las condiciones en el memorando de entendimiento es que el informe que emitan de las elecciones presidenciales sólo será presentado al CNE y no se hará público.
“Mientras más observación haya, mayor pulcritud del proceso electoral, si no hay observación internacional calificada los resultados electorales pueden ser puestos en tela de juicio porque no hay un organismo imparcial que los certifique. El CNE viola el acuerdo de Barbados sobre la observación internacional para las presidenciales y esto se debe corregir. La observación de las elecciones debe ser equitativa, no se puede estar decidiendo de manera unilateral y política quién viene a las elecciones y quién no. Hasta ahora el CNE no luce autónomo en las decisiones que toma sino que parecen órdenes del Psuv”, señaló Mendoza.
En el caso de los observadores nacionales, el CNE aún no ha autorizado las acreditaciones pese a recibir solicitud de ONG como el OEV (para 700 observadores en todo el país) y la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (que sí ha sido invitada a las auditorías), por lo que hasta ahora no ven como “seguro” contar con dicha documentación que les permitiría acceso a los centros de votación.
Ávalos reiteró que de no recibirla igual harán observación del proceso en los alrededores.
Reportaje original de: Deisy Martínez/Efecto Cocuyo
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