Aviso de expulsión de venezolanos en Salasaca pone en alerta a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y defensores de derechos

Entidades se han activado ante la alerta de una expulsión de venezolanos de territorio Salasaca que se hizo mediante un comunicado firmado por el Gobernador del pueblo Salasaka. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se pronunciaron.

Sobre la decisión del Pueblo Salasaka en Pelileo de expulsar a todos los venezolanos residentes en su territorio, entidades como la Defensoría Pública y la Fiscalía de Tungurahua aseguran que tomarán las acciones pertinentes.

 
El martes 21 de noviembre de 2023, mediante un comunicado firmado por Santos Moreta, gobernador de Salasaka, se explica la decisión tomada en asamblea por los dirigentes que da un plazo establecido hasta el 30 de noviembre de 2023 para que, voluntariamente, los venezolanos residentes en territorio Salasaca, abandonen el lugar.

De no hacerlo, Moreta explicó que optarán por realizar un desalojo forzoso que implicaría a que los dueños de las casas renteras sean sometidos a la justicia indígena por desacato y a los inquilinos venezolanos obligarlos a recoger sus pertenencias e irse.

Moreta explicó que todo esto lo harían en el marco de la paz, considerando que pudiera haber familias conformadas con niños, personas con discapacidad o adultos mayores y asistidos por lo que llaman su derecho a precautelar la seguridad de todos los comuneros.

“Aquí no se actúa en base al odio ni a la xenofobia, lo hacemos en el marco de la seguridad”, añadió el Gobernador de Salasaka.

 

 
Desde la Defensoría del Pueblo 

Juan José Simon, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Tungurahua, aseguró que “es preocupante el nivel de xenofobia que se está dando por parte de las comunidades indígenas. El Ecuador es un Estado constitucional, garantista de derechos y reconoce los derechos de todas las personas que habitan en el país”.

“Si bien la Constitución garantiza los derechos de los pueblos y comunidades, también la Corte Constitucional ha establecido parámetros para que este tipo de resoluciones sean observadas en el respeto a la dignidad humana evitando tratos denigrantes”, explicó Simon.

Así pues, desde la Defensoría del Pueblo se están realizando las gestiones para un acercamiento con representantes del pueblo Salasaca según dijo Simon, que debería darse antes del 30 de noviembre de 2023.

“Estamos esperando hasta que nos indiquen qué día y hora el señor Gobernador de Salasaka nos pueda recibir para explicarles el tema de los derechos humanos de todas y todos”.

Por ello exhortó a las personas para que “bajen los niveles de xenofobia y odio en sus discursos porque las consecuencias son terribles. En España hay más de un centenar de ecuatorianos detenidos por temas de violencia contra la mujer y eso no significa que todos los ecuatorianos seamos malos, una nacionalidad determinada no significa que una persona sea mala”.

 

 

Fiscalía dice

Galo Romero, fiscal provincial de Tungurahua aseguró que, “nuestra actuación es en la existencia de un delito de acción pública, nosotros no procedemos como ente de prevención porque para eso están otras instancias como la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo”.

Sin embargo, Romero fue enfático en que la Fiscalía no puede solicitarle a un Juez medidas ante un hecho que aún no se ha consumado, como el desalojo forzado.

Romero dijo que, si vencido el plazo que ha estipulado en el comunicado los comuneros llegan a ejecutar la expulsión que anunciaron, “en ese momento actuaremos en flagrancia. Estamos atentos y activados para tomar las acciones que sean pertinentes en el momento dado si esto llega a consumarse”. (MAG)

 

 

Más reacciones  

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, explicó que este tema “es muy delicado porque sabemos de las leyes indígenas, pero para casos particulares, Ecuador se basa en sus leyes y acuerdos internacionales suscritos que garantizan la movilidad humana”.

“El hecho de que individuos hayan cometido un error, no significa que otros que han pasado por un proceso de regularización y no hayan hecho nada malo sean señalados a partir de los hechos acaecidos allí”, explicó.

Regalado calificó la intención del pueblo Salasaka como un acto de ignorancia e injusticia que incurriría en un claro delito de odio, “es doloroso porque como pueblos ancestrales, ellos fueron discriminados y han luchado por tener un reconocimiento como seres humanos y defensores de la pacha mama”.

“Veo con preocupación que ellos actúen de la misma forma en como a ellos los han tratado, en su momento fueron víctimas de discriminación y ahora ellos se han convertido en victimarios”, enfatizó Regalado.

El representante agregó, además, “entiendo que puedan tener una posición ante la inseguridad, pero esto rompe con todos los paradigmas de derechos que ellos mismos han exigido, no pueden decir que todos los venezolanos por el solo hecho de serlo cometen delitos, eso no es lógico”, puntualizó.

 

Publicado en la hora.com ver publicación