Los sondeos de opinión realizados durante los últimos meses en Venezuela revelan un rechazo mayoritario al régimen de Nicolás Maduro como también el anhelo del país por un cambio político. Según la encuesta de Datincorp de febrero de este año, un 73% de los venezolanos evalúan de manera negativa la gestión de Maduro. El estudio de Meganalisis (mayo 2023) destaca que el 74,2% considera que Venezuela no podrá tener un futuro de progreso con Maduro y el chavismo en el poder. Por su parte, Delphos (junio 2023) concluye que el 82,5% de los venezolanos considera necesario un cambio de gobierno.
Al propio tiempo, la persistencia en el país de una emergencia humanitaria compleja, en medio de una economía "pequeña, frágil, altamente volátil, triplemente desigual, con un sistema de precios destruido, crédito escaso y caro, baja competitividad y alta inflación”, como la describe Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, lleva a que las perspectivas socioeconómicas de Venezuela en el corto plazo no sean nada halagüeñas.
Bajo estas circunstancias, no sería arriesgado predecir que el chavismo, con Maduro a la cabeza, perdería las elecciones presidenciales estipuladas por la Constitución Nacional para el año 2024 en un escenario de condiciones justas y libres. Lamentablemente, como se desprende de múltiples informes e investigaciones, estas condiciones han sido minadas durante las dos últimas décadas. Y lo que es aún más preocupante, es que cada día se deterioran más.
Desde la llegada de Chávez al poder a finales del siglo XX, el índice de democracia electoral de V-Dem Institute ha experimentado una caída constante, pasando de 0,74 en 1998 a 0,21 en 2022. Según este proyecto de investigación, el régimen político venezolano dejó de ser en el año 2002 una "democracia electoral” y pasó a ser calificado como una "autocracia electoral”. Esto significa que, a pesar de existir elecciones multipartidistas para elegir al jefe del ejecutivo y a los miembros de la legislatura, en el país se violan de manera grave y sistemática los requisitos fundamentales de una democracia electoral como la libertad de expresión y asociación, así como la realización elecciones periódicas, libres y justas.
Desde la segunda mitad del siglo XX, ha habido en el mundo un incremento constante del número de autocracias electorales, pasando de 36 en 1972 a 56 en 2022. Este tipo de autoritarismos electorales representan hoy en día el 63% de las dictaduras que existen a nivel global y rigen aproximadamente al 44% de la población del mundo, de acuerdo con los datos de V-dem.
Como señala Andreas Schedler, en su texto "Elections Without Democracy” (2003), los regímenes autoritarios electorales "organizan elecciones periódicas y de este modo tratan de conseguir, cuando menos, cierta apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satisfacer tanto a los actores externos como a los internos. Al mismo tiempo, ponen las elecciones bajo estrictos controles autoritarios, con el fin de consolidar su permanencia en el poder”.
En el caso venezolano, una de las referencias cercanas más importantes para evaluar el grave deterioro de las condiciones electorales lo constituye el informe realizado por la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE) con motivo de las elecciones regionales realizadas en Venezuela en el 2021. En este informe, los observadores electorales presentaron 23 recomendaciones para solventar deficiencias graves en relación con: a) la falta de separación de los poderes públicos; b) la falta de independencia del Poder Judicial; c) el uso de la figura de la inhabilitación política para despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones; d) la existencia de leyes que restringe de manera grave la libertad de expresión y de opinión, la libertad de los medios de comunicación y que promueven la autocensura; e) el uso extendido de recursos del Estado en la campaña electoral; f) las dificultades en la actualización del Registro Electoral; y g) el uso de mecanismos de control social a través de la distribución de bienes y servicios.
Un año y medio después de entregadas las recomendaciones al régimen venezolano, "los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela”, tal como se señala en el comunicado suscrito este 7 de julio por un grupo de destacadas ONG internacionales, incluyendo la Oficina de Washington para América Latina, el Global Center for the Responsibility to Protect, Robert F. Kennedy Human Rights, la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch.
Por otra parte, no solo es que a la fecha nada o muy poco se ha logrado en la implementación de estas reformas, como denuncia el referido comunicado, sino que además el régimen de Nicolas Maduro ha continuado cercenando las precarias condiciones electorales que aún subsisten en el país. Múltiples informes de ONGs ponen en evidencia cómo en el país se continúa profundizando la hegemonía comunicacional estatal, se intensifica la política de Estado de manipulación y desinformación través de las redes sociales, se sigue judicializando a partidos políticos, y persiste la persecución a quienes disienten del gobierno.
Durante la segunda quincena del mes de junio, de forma sorpresiva, irregular y casi simultánea,todos los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) renunciaron a sus cargossin dar mayores explicaciones al país, por lo cual se presume que lo hicieron bajo presión política por parte del régimen. Una vez que la Asamblea Nacional (AN), totalmente dominada por el chavismo, aceptó las renuncias de los rectores, designó una comisión responsable del nombramiento de un nuevo CNE. Esta comisión de la AN está integrada en su totalidad por miembros afectos al régimen. Incluso forma parte de ella Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quien repetirá como candidato presidencial en las elecciones de 2024, con lo cual se espera que aumente aún más la ya extrema parcialidad y sujeción del CNE a las autoridades gubernamentales.
El pasado 30 de junio, en respuesta a una solicitud de José Brito, diputado de la Asamblea Nacional chavista, la Contraloría General de la República de Venezuela inhabilitó por un período de 15 años para el ejercicio de cualquier cargo público a María Corina Machado Parisca, la precandidata presidencial opositora con mayor respaldo en las encuestas a nivel nacional.
La inhabilitación de María Corina Machado, la cual se sumó a la de otros precandidatos presidenciales opositores como Henrique Capriles y Freddy Superlano, generó un enorme rechazo y fue tildada de antidemocrática. Esta medida recibió fuertes críticas de organismos multilaterales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, así como de varios gobiernos del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos, Colombia, Chile y Canadá. También repudiaron esta medida una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, así como conocidas ONG defensoras de derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Las inhabilitaciones políticas, de acuerdo con reputados juristas y organismos internacionales, violan los artículos 42 y 65 de la Constitución de Venezuela, en los que se señala que el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Estas medidas igualmente violan el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que las limitaciones de los derechos políticos solo pueden estar fundadas en una condena dictada por el juez competente en un proceso penal. Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia subraya el hecho de que Machado no es funcionaria pública, razón por la cual la Contraloría no podría actuar en contra de ella.
La comisión nacional encargada de organizar las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de Oposición ratificó el derecho de los candidatos inhabilitados a participar en el proceso previsto para el 22 de octubre de este año, donde se escogerá al candidato unitario que representará a la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2024.
La disposición de la comisión y de los candidatos opositores de seguir adelante con las primarias enfrenta ahora un nuevo obstáculo. Luis Ratti, un político poco conocido y quien asegura ser independiente, introdujo este lunes 10 de julio un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la realización de las primarias. Ratti, quien en el pasado estuvo vinculado al chavismo, ha sostenido en sus redes sociales que las primarias: dejaron de ser un proceso ciudadano abierto; carecen de constitución y legalidad; son un instrumento de chantaje y del plan de caos de María Corina Machado; son un proceso en el que la mayoría de los venezolanos no quiere participar.
A pesar de que los argumentos de Ratti carecen de todo sustento, el hecho de que los más altos dirigentes chavistas han atacado ferozmente a las primarias opositoras calificándolas de "estafa”, aunado a la carencia de independencia del Tribunal Supremo de Justicia, hace prever que existen muchas probabilidades de que el TSJ emita una sentencia que bloquee la realización de las primarias opositoras o la participación en ellas de los candidatos inhabilitados, buscando así fragmentar más a la oposición democrática.
El conjunto de maniobras llevadas a cabo por el régimen de Maduro, que incluyen el rechazo a implementar las reformas recomendadas en el Informe de los observadores de la UE, el reciente desmantelamiento del CNE, la inhabilitación de los candidatos opositores con mayor respaldo y el bloqueo de las elecciones primarias, apunta al diseño de un proceso electoral a la medida para Nicolás Maduro. El objetivo, en definitiva, consiste en celebrar unas elecciones que le otorguen una cierta apariencia de legitimidad democrática internacional sin poner en riesgo su permanencia en el poder, a pesar del amplísimo rechazo que los venezolanos tienen a su gobierno.
Fuente DW.COM
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